Tres etapas se pueden distinguir en la construcción de la fiscalidad minera española del XIX. La primera, iniciada con el decreto de 1825, inspirado por Elhuyar, veterano de las Luces y de la minería de Nueva España, pretende, a la vez que procurar ingresos a la Hacienda, fomentar una minería pequeña y mediana estable. La segunda fase, iniciada en 1868 bajo el impulso del liberalismo ideológico y político, se caracteriza por la concomitancia entre la avenencia de una explotación masiva de los recursos del subsuelo español a manos de grandes compañías extranjeras y el hundimiento de la presión fiscal. El protagonismo de los intereses privados sólo se manifiesta a final de siglo, en defensa de intereses hasta ahora protegidos por los propios actores públicos. Consecuencias de este movimiento: la Hacienda aprovechó muy poco la explotación de los recursos mineras nacionales y la presión fiscal se endureció a contratiempo de la evolución del sector, ya afectado por el agotamiento de sus reservas.